La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente promovieron en 1988 la creación de un Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la cual en 1990 presentó un informe que evidencia a la existencia de un fenómeno de calentamiento de la atmósfera terrestre imputable a las actividades humanas.
Derivado de lo anterior, el 9 de mayo de 1992 fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual tiene como objeto lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Otro instrumento internacional para el combate al "Cambio Climático" lo constituye el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, documento regulatorio que instrumenta ésta, al comprometer a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los Estados Unidos Mexicanos firmaron y ratificaron ambos instrumentos, adquiriendo con ello determinadas obligaciones. Es por lo interior, así como por la importancia que han cobrado los efectos del cambio climático en nuestro territorio y la alta vulnerabilidad de nuestro país, que a nivel nacional se han adoptado e implementado políticas nacionales y sectoriales para contribuir a la mitigación y prevención de los efectos del cambio climático, entre ellas la expedición de la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, la cual tiene por objeto el garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
Dentro del marco jurídico estatal existen disposiciones dispersas en diversos ordenamientos, como son las relativas a las materias ambiental, hídrica, salubridad, educativa, fiscal, científica y tecnológica, de transporte y de protección civil. En congruencia con lo señalado, el Gobierno Estatal consideró conveniente contar con una ley en materia de "Cambio Climático" en atención a lo estipulado en la Ley General del Cambio Climático; a la conciencia de emprender acciones eficaces para hacer frente a este fenómeno; a constituirse en un mecanismo para el fortalecimiento de la política ambiental del Estado; a la necesidad de la sistematización de las disposiciones en la materia dispersas en diversos ordenamientos; como herramienta para proteger la diversidad biológica del Estado, y como estrategia para garantizar seguridad a los mexiquenses ante sus efectos adversos.
Por ello, el 19 de diciembre de 2013 se publicó en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" la Ley de Cambio Climático del Estado de México que tiene por objeto establecer las disposiciones para lograr la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta ley creó al Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, que tiene por objeto promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático, mediante el desarrollo de investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, en el ámbito de competencia estatal.
Para el 6 de octubre de 2014, se publicó en el Periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el Reglamento de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, con la finalidad de regular las acciones de mitigación y orientación de las políticas de cambio climático.
En noviembre de 2014, la Secretaría de Finanzas autorizó la estructura orgánica del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, la cual quedó integrada por nueve unidades administrativas: una Dirección General; una Secretaría Particular; la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; la Unidad de Apoyo Administrativo; las Subdirecciones de Vinculación, y de Adaptación y Crecimiento Verde y los Departamentos de Políticas Públicas para el Cambio Climático; Mitigación al Cambio Climático, y el de Adaptación al Cambio Climático.